Introducción
El 8 de octubre de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) dictó sentencia en el asunto C-706/23, resolviendo una petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Iaşi (Rumanía). El litigio principal enfrenta a la Şcoala gimnazială Mihai Eminescu Vaslui con la Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, que actúa en nombre y por cuenta de sus miembros, y otros.
La cuestión central gira en torno a la situación de personal docente que, de forma simultánea, es titular de un contrato de trabajo de duración indefinida y a tiempo completo y de un contrato de trabajo de duración determinada y a tiempo parcial. El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si resulta conforme con el derecho de la Unión Europea que la remuneración de las vacaciones anuales retribuidas y las dietas de manutención se calculen tomando en consideración únicamente el primero de dichos contratos, con exclusión del segundo.
El marco normativo de referencia comprende la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, y la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
Contexto fáctico y marco de la remisión prejudicial
El asunto tiene su origen en Rumanía, donde determinados docentes prestan servicios en virtud de dos vínculos contractuales coexistentes: un contrato de trabajo de duración indefinida y a tiempo completo, por un lado, y un contrato de trabajo de duración determinada y a tiempo parcial, por otro. Esta acumulación de contratos es el elemento fáctico determinante sobre el que pivota toda la controversia jurídica.
La Uniunea Sindicală Didactica Vaslui, actuando en nombre y por cuenta de sus miembros, impugnó la práctica del centro escolar consistente en calcular la remuneración de las vacaciones anuales retribuidas y la concesión de dietas de manutención atendiendo exclusivamente al tiempo de trabajo efectivo realizado en ejecución del contrato de duración indefinida y a tiempo completo, sin tener en cuenta la actividad desarrollada al amparo del contrato de duración determinada y a tiempo parcial.
Ante la existencia de dudas interpretativas sobre la compatibilidad de dicha práctica con el derecho de la Unión Europea, la Curtea de Apel Iaşi decidió suspender el procedimiento y plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, dando así lugar al asunto C-706/23.
Marco normativo aplicable
La Directiva 2003/88/CE constituye el primer pilar normativo de referencia. Su artículo 7, apartado 1, reconoce el derecho de todo trabajador a disfrutar de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, derecho que el Tribunal de Justicia ha interpretado de manera consistente como un principio de especial importancia del derecho social de la Unión.
El artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea eleva a rango de derecho fundamental el derecho de todo trabajador a un período de vacaciones anuales retribuidas, dotando así de un anclaje constitucional a las exigencias derivadas de la Directiva 2003/88/CE.
El Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, establece en su cláusula 4, apartado 1, el principio de no discriminación, en virtud del cual los trabajadores a tiempo parcial no podrán ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores a tiempo completo comparables por el mero hecho de trabajar a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
De forma paralela, el Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada recoge en su cláusula 4, apartado 1, un principio análogo de no discriminación respecto de los trabajadores con contrato de duración determinada en comparación con los trabajadores fijos comparables. Ambos acuerdos marco incorporan asimismo el principio de pro rata temporis, que permite modular determinadas condiciones de trabajo en proporción al tiempo trabajado.
Cuestiones jurídicas planteadas al Tribunal de Justicia
La remisión prejudicial de la Curtea de Apel Iaşi plantea, en esencia, si el derecho de la Unión Europea —y en particular las disposiciones antes mencionadas— se opone a una práctica nacional que, en el contexto de la acumulación de contratos de trabajo distintos, calcula la remuneración de las vacaciones anuales retribuidas únicamente sobre la base del contrato de duración indefinida y a tiempo completo, ignorando la existencia y el contenido del contrato de duración determinada y a tiempo parcial.
Una segunda cuestión conexa se refiere a la concesión de dietas de manutención: el órgano remitente pregunta si resulta igualmente compatible con el derecho de la Unión que dichas dietas se concedan atendiendo exclusivamente al tiempo de trabajo efectivo realizado en ejecución del contrato de duración indefinida y a tiempo completo, sin considerar la actividad prestada bajo el contrato de duración determinada y a tiempo parcial.
Ambas cuestiones remiten, en última instancia, a la interpretación del principio de no discriminación y del principio de pro rata temporis en un escenario de acumulación contractual, situación que presenta particularidades propias respecto de los supuestos más habituales en los que un trabajador es titular de un único contrato de trabajo.
Principios de no discriminación y pro rata temporis en el contexto de la acumulación de contratos
La sentencia aborda la aplicación del principio de no discriminación consagrado en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial y en la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada a una situación en la que el mismo trabajador es simultáneamente titular de dos contratos de naturaleza jurídica diferente.
La lógica subyacente a ambos acuerdos marco es la de garantizar que la modalidad contractual —ya sea la parcialidad del tiempo de trabajo o la temporalidad del vínculo— no se convierta en un factor de discriminación que perjudique al trabajador en el disfrute de sus condiciones de empleo. En el supuesto analizado, la exclusión del contrato de duración determinada y a tiempo parcial del cálculo de la remuneración vacacional y de las dietas de manutención podría implicar precisamente ese efecto discriminatorio.
El principio de pro rata temporis, por su parte, permite que determinadas condiciones de trabajo se apliquen de forma proporcional al tiempo trabajado, pero no autoriza la exclusión total de uno de los contratos del cálculo de los derechos correspondientes. La distinción entre una modulación proporcional legítima y una exclusión discriminatoria resulta, por tanto, central en el razonamiento del Tribunal.
El derecho a vacaciones anuales retribuidas y su remuneración
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE garantiza el derecho a vacaciones anuales retribuidas como un derecho social fundamental de todo trabajador. El Tribunal de Justicia ha subrayado en su jurisprudencia que la finalidad de la remuneración durante las vacaciones es permitir al trabajador disfrutar efectivamente de su período de descanso en condiciones económicas equiparables a las del período de trabajo activo.
En el contexto del asunto C-706/23, la cuestión relevante es si la remuneración de las vacaciones calculada exclusivamente sobre la base del contrato de duración indefinida y a tiempo completo refleja adecuadamente la situación económica real del trabajador durante el período de actividad, o si, por el contrario, al ignorar el contrato de duración determinada y a tiempo parcial, se produce una merma en la retribución vacacional que no se correspondería con la remuneración efectivamente percibida durante el trabajo.
El artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales refuerza esta perspectiva al elevar el derecho a vacaciones anuales retribuidas al rango de derecho fundamental, lo que impone una interpretación que garantice su efectividad y que no permita que prácticas nacionales lo vacíen de contenido en supuestos de acumulación contractual.
Relevancia institucional y alcance de la sentencia
La sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 2026 en el asunto C-706/23 reviste una relevancia institucional notable, dado que aborda una situación —la acumulación de contratos de trabajo de distinta naturaleza por un mismo trabajador— que puede presentarse en diversos sectores de actividad y en distintos Estados miembros de la Unión Europea.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia vincula al órgano jurisdiccional remitente —la Curtea de Apel Iaşi— y, con carácter general, orienta la aplicación del derecho de la Unión por parte de todos los órganos jurisdiccionales nacionales que se enfrenten a situaciones análogas. Ello confiere a la sentencia un efecto que trasciende el litigio concreto entre la Şcoala gimnazială Mihai Eminescu Vaslui y la Uniunea Sindicală Didactica Vaslui.
Desde una perspectiva más amplia, la sentencia contribuye a la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos sociales fundamentales, en particular en lo que se refiere a la interacción entre la Directiva 2003/88/CE, la Carta de los Derechos Fundamentales y los acuerdos marco sobre modalidades atípicas de empleo.
Conclusión
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 8 de octubre de 2026, dictada en el asunto C-706/23, examina una cuestión de notable complejidad en el ámbito del derecho social europeo: la compatibilidad con el derecho de la Unión de una práctica nacional que, en un supuesto de acumulación de contratos de trabajo de distinta naturaleza, calcula la remuneración de las vacaciones anuales retribuidas y las dietas de manutención tomando en consideración únicamente el contrato de duración indefinida y a tiempo completo, con exclusión del contrato de duración determinada y a tiempo parcial.
El marco normativo aplicable —integrado por el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE, el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, y las cláusulas 4, apartado 1, de los acuerdos marco sobre el trabajo a tiempo parcial y sobre el trabajo de duración determinada— impone el respeto de los principios de no discriminación y de pro rata temporis, cuya correcta aplicación en escenarios de acumulación contractual constituye el núcleo de la interpretación prejudicial solicitada.
La resolución de esta cuestión por el Tribunal de Justicia aporta criterios interpretativos de alcance general que resultan de interés para los operadores jurídicos, las instituciones públicas y los agentes sociales que deban aplicar o interpretar las normas europeas en materia de tiempo de trabajo y condiciones de empleo en situaciones de pluralidad contractual.
Este artículo tiene finalidad educativa e informativa y no constituye asesoramiento jurídico.
Fuentes consultadas
Published by Synojus Internacional
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